Cuando estuve en Bolivia entre el 88 y 89, a pocos años de
finalizada la hiperinflación, había un IGV de 10% y un IS (Impuesto
a los salarios) de 10%. Lo interesante era que el IGV servía como
crédito fiscal para el IS, así como para las empresas también.
El diseño básico era un mundo plano y sin excepciones. Las que
recuerdo era que no se otorgaba factura (no existia boleta) a
compras por debajo de un monto mínimo (digamos 10 soles), y no se
cobraba IS a salarios debajo de un umbral (digamos dos mínimos).
En este sistema, todas las facturas estaban registradas en la
autoridad tributaria (hablamos de computadoras de hace 15 años) para
un país con menor población y menor PBI per cápita. De este modo una
factura no podía servir de crédito dos veces.
Al cierre del mes, en el Banco Central (donde trabajaba) se abría
un mercado secundario de facturas, donde vendían aquellos con
salarios debajo del umbral, y compraban aquellos por encima del
umbral, a un valor del 50% del crédito fiscal. Esto podía ser visto
como un subsidio directo a perceptores de salarios bajos a un costo
administrativo del 50%.
Otro detalle, pero muy importante, es que en promedio cada dos
cuadras había un local comercial clausurado por falsificar facturas,
es decir crear cuasidinero. No recuerdo nunca haber visto en Lima
por mas de un año una política sistemática tan dura.
Quizas Luis Alberto Arias nos pueda ilustrar cuanto es la
efectividad de esta estrategia, pero para un observador accidental
era impresionante.
Farid Matuk