Desde Irak, y aunque suene a mala broma, Farid Matuk lanza sus misiles contra el censo nacional del próximo domingo 21, el segundo en apenas dos años. “Hay motivaciones políticas”, advierte el ex jefe del INEI desde su nuevo hogar, en Bagdag, donde ha aprendido a vivir con casco y chaleco antibalas. Así se protege del fuego enemigo.
La República (14-X-07)
Farid Matuk llegó a trabajar a Irak un poco huyendo, asegura, de la “persecución del gobierno aprista”. Curioso lugar para buscar protección, aunque nadie puede discutirle su espíritu temerario. El domingo que viene se llevará a cabo el censo nacional (XI de población y VI de vivienda) a pesar de que en el 2005, estando él a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se organizó uno igual. “Todo se debe al capricho del presidente Alan García”, declara a DOMINGO desde su casa, en Bagdad. Y apenas se trata de la primera descarga.
Desde el lado del gobierno la justificación para un nuevo censo, con todo el gasto que ello implica (unos S/. 120 millones, parcialmente financiado con una partida de S/. 55 millones del Ministerio de Economía y Finanzas), estriba en que el de hace dos años se diseñó muy mal. García lo calificó de “estafa”, de simple “muestreo”. Y el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, se preguntó días atrás por qué a Matuk no se le había iniciado un proceso judicial por “el daño terrible que le hizo al país con un estudio que costó millones de dólares y no sirve para nada”.
La República (14-X-07)
Matuk se defiende y da en la llaga. Asegura que García se equivoca clamorosamente al hablar de un “muestreo” pues se encuestaron 7 millones de hogares. “Todas las cédulas se han escaneado y pueder ser auditadas”, añade. Eso por un lado. Por el otro, afirma, sin pelos en la lengua, que detrás de la campaña gubernamental se esconden, en realidad, motivaciones nada santas. Para ser más claros, el ex jefe del INEI recuerda que bajo el pretexto de que el censo nacional del 2005 es un supuesto fiasco, se suspendieron los censos continuos, que consistían en unas 30,000 entrevistas mensuales mediante las cuales podían monitorearse desde el cumplimiento de las promesas de campaña electoral hasta la efectividad de los programas sociales. Tirarse abajo esta incómoda fiscalización, dice Matuk, fue el objetivo del gobierno desde un inicio. Cierto o no, se cumplió el cometido.
En las oficinas del INEI el ritmo es frenético y, en medio del ajetreo, su actual director, Renán Quispe (ex número dos de Félix Murillo, la cabeza del INEI en la época fujimorista), se da un tiempo para conversar con nosotros. Dejó la institución en el 2000 y regresó por la puerta grande con el APRA. Completamente alineado, maneja el mismo discurso crítico en contra de la gestión de su antecesor.
Así, justifica el nuevo censo como la oportunidad de recoger información clave que se omitió en el 2005. Por ejemplo, señala que en esa oportunidad no se le consultó al encuestado si tenía documento de identidad o partida de nacimiento, si se encontraba afiliado a algún sistema de salud, o si sabía leer y escribir. De hecho, Quispe hincha el pecho al referirse a la cédula que los empadronadores utilizarán. Según proclama, presenta un nivel de detalle nunca antes visto.
Matuk cuestiona la utilidad que pueda tener información detallada que solamente podrá confrontarse cada diez años (de acuerdo con la ley vigente, los censos de población y vivienda deben celebrarse cada década). Más bien, insiste en el hecho de que los censos continuos, “con sus extensos formularios”, iban a permitir conocer, anualmente, la evolución de las 195 provincias urbano-rurales. “¿Y eso no es, acaso, lo que más nos debería interesar como país?”, se pregunta.
Pero, además, hay otro punto que merece particular atención. Y es que el sentido común nos dice que antes de darle luz verde a la millonaria inversión que significa un censo nacional, desde el gobierno debió promoverse una auditoría a los resultados obtenidos en el 2005. Simplemente, eso se pasó de largo. ¿Por qué tanto apuro?
Javier Escobal, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), en un artículo publicado en la página web (www.grade.org.pe) reflexiona al respecto: “A pesar de los errores que parecen existir, no hay evidencia de sesgos sistemáticos (…). El Gobierno se equivoca cuando politiza el tema. Haría bien la nueva jefatura del INEI en realizar una auditoría internacional que evalúe la magnitud del problema y sugiera los correctivos necesarios”. Sin embargo, se terminó optando por la salida más polémica y costosa. “Esta es una movida política de García. Todo se reduce a eso”, declara Matuk, aún sin fecha de retorno a Lima. Entre las balas que vuelan por Bagdad, ahí parece más seguro que a merced de cierta escopeta de dos cañones.
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Farid Matuk 