20070722 – Pobreza y desigualdad

Cifras recientes publicadas por diversos organismos ayudan a entender las explosiones sociales de las últimas semanas. El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) dice que la pobreza ha disminuido en el país del 48.6 % al 44.5% entre 2004 y 2006; es decir, en la última parte del gobierno de Alejandro Toledo y en la primera del de Alan García.

El ex jefe del INEI, Farid Matuk, ha cuestionado esas cifras y sostiene que son exageradas, que la pobreza no ha bajado tanto.

Pero aunque esas cifras fueran exactas, sin duda, están muy rezagadas en relación al crecimiento económico de los últimos años. La economía ha estado aumentando a niveles impresionantes y la pobreza disminuye a paso de tortuga.

Un ejemplo claro es la última cifra de aumento trimestral del PBI (Producto Bruto Interno), poco más del ocho por ciento. Eso contrasta dramáticamente con las guarismos dados a conocer la semana pasada por el Ministerio de Trabajo: los salarios promedio de los obreros disminuyeron en casi cuatro por ciento y los de los empleados aumentaron en apenas medio por ciento en el segundo semestre de 2006. (El Comercio, 14.7.07, b4).

DESIGUALDAD.

No hay duda, por donde se mire la situación, que nuevamente se está repitiendo la pauta histórica: en los períodos de crecimiento sostenido, que son los de apertura económica y de libre mercado -lo que los izquierdistas llaman ahora neoliberalismo-, la pobreza disminuye muy lentamente y las enormes desigualdades que arrastramos se mantienen o aumentan.

Eso provoca estallidos de protesta y el surgimiento de gobiernos populistas que rápidamente arruinan el crecimiento y hunden al país en prolongados períodos de crisis y miseria.

El último número de la edición peruana de Le Monde Diplomatique trae interesantes artículos de Francisco Durand y César Peñaranda sobre las desigualdades en el Perú. Este último indica que, el año 2000, el diez por ciento más rico de la población se llevaba 66 veces más del ingreso nacional que el diez por ciento más pobre. Esas abismales diferencias nos colocan, en el año 2004, a media tabla de las desigualdades en América Latina, la región más desigual del mundo.

Peñaranda agrega un concepto muy importante para entender el círculo vicioso en el que estamos atrapados, las “altas inequidades afectan la dinámica de la reducción de la pobreza”. Es decir, cuanto mayor es la desigualdad, más difícil es reducir la pobreza.

CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD.

Lo anterior lleva a conclusiones sencillas. Sin crecimiento económico no puede haber disminución de la pobreza ni de las desigualdades. Pero el crecimiento económico no lleva espontáneamente a la reducción de la pobreza ni de las desigualdades. Eso no solo se está demostrando claramente en los últimos años, sino en períodos históricos largos, como ha analizado el economista norteamericano John Sheahan (La economía peruana desde 1950. Buscando una sociedad mejor, IEP, 2001).

Sheahan señala en primer lugar un tema que está hoy día en el centro del debate: “En los niveles más profundos de la pirámide, los problemas han sido la falta de acceso adecuado a una educación decente para la mayoría de la población, la concentración de la propiedad, la discriminación contra la población indígena y el intenso conflicto social enraizado en esas desigualdades básicas”. (p. 244).

Es decir, la exclusión, que fue materia del último Cade. La solución, como lo indica la experiencia, no está en políticas populistas, ni en subsidios, ni en programas de ayuda social -aunque estos puedan ser necesarios temporalmente-.

El Estado tiene que contribuir decisivamente a la reducción de las desigualdades y de la pobreza no sólo manteniendo una política sana, sino invirtiendo eficientemente en educación, salud y seguridad, contribuyendo a destrabar lo que Sheahan denomina “el bloqueo de oportunidades para los pobres”.

LO QUE NOS ESPERA.

Si el gobierno de Alan García no se despeña por el camino del populismo, como ya empiezan a temer algunos, no le bastará mantener la política económica que ha permitido el extraordinario crecimiento de los últimos años. Tendrá que hacer esfuerzos significativos para reducir las desigualdades, que son también, como muestran claramente las cifras del INEI, regionales.

De lo contrario, no solamente seguirá enfrentando estallidos de protesta a lo largo de su gobierno, sino que nos dejará a merced en 2011 de cualquier caudillo populista que, con un poco más de habilidad que Ollanta Humala, se hará del poder y llevará al país al desastre.

TRABAS A LA DEFENSA

La semana pasada, fuentes de la Discamec, el organismo del Ministerio del Interior que otorga licencias para el uso de armas de fuego a los civiles, indicaron que se estudia complicar más los requisitos para obtener una licencia. Esos requisitos fueron aligerados en el año 2004 y ahora se quiere volver a la etapa anterior y empeorarla.

Cuando la inseguridad aumenta, según indican todas las encuestas, y el Estado se muestra incapaz de proteger a los ciudadanos, la burocracia se esfuerza en poner más trabas a aquellos que necesitan adquirir un arma para la defensa personal. Eso, por supuesto, lo único que hace es aumentar la informalidad y la corrupción, y va a contracorriente con la cacareada simplificación administrativa que ha anunciado el propio presidente de la República.

Al final del gobierno de Alejandro Toledo, el ministro de Defensa Marciano Rengifo y el presidente del Comando Conjunto (CCFFAA), José Williams, lograron que las licencias para armas de 9 milímetros largo o parabellum pasaran al CCFFAA. Un absurdo, los militares otorgando licencias de armas a civiles (esto se sustenta en una ley que hizo aprobar Vladimiro Montesinos en 1998).

Por supuesto, de inmediato algún obtuso burócrata militar aumentó los requisitos hasta donde le dio su descarriada imaginación. Todas las autoridades del Ministerio de Defensa y del CCFFAA manifiestan su disconformidad, pero ha pasado un año y todavía no devuelven esa tarea a la Discamec.

Pero de nada serviría si la burocracia del Ministerio del Interior insiste también en complicar los trámites.

Es muy obvio que los delincuentes no solicitan licencias para usar armas en asaltos y robos. A los únicos que perjudican las trabas burocráticas es a los ciudadanos que quieren actuar dentro de la ley.

No se trata de aumentar excesivamente el número de armas en manos de civiles. Pero en este caso, como en todos, el Estado debe avanzar en la simplificación de trámites.

http://peru21.pe/impresa/noticia/pobreza-desigualdad/2007-07-22/8530

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